La mirada del asesino de una niña de tres años

Hay Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay Constitución Española, y ambos documentos reconocen el derecho a la presunción de inocencia. Nadie puede ser acusado de un delito mientras no lo dictamine un tribunal y esa decisión sea inapelable. Por supuesto, la presunción termina porque el magistrado de ese tribunal sentencia teniendo presentes las pruebas incriminatorias.
Todo esto se convierte en una entelequia delirante cuando un medio de comunicación respetable se salta por alto la presunción. Tan solo una "mirada" y un informe médico provisional que sugería una posible agresión sexual fueron suficientes para que varios medios de comunicación acusaran a Diego P.V. de asesinar a la hija de su novia.


Esto no llega ni a la categoría de "juicio paralelo", ya que el "juicio" mediático ha investigado, instruido y sentenciado el caso en unas pocas horas; antes incluso de que los tribunales ordinarios iniciaran el auto judicial. Eso sí que son "juicios rápidos".
Una vez el caso llegó a la justicia, el magistrado no sólo puso en libertad sin cargos al presunto culpable (al culpable indiscutible según muchos medios) sino que encima negó las quemaduras y la violación, atribuyendo la causa de la muerte a un accidente. Todo esto, con un detallado informe forense en la mano, no con la observación supercicial de un facultativo de Urgencias.
ABC, como muchos otros, ha rectificado hoy. Eso sí, en un espacio mínimo de la portada, en el no asumen ningún tipo de "mea culpa" por el linchamiento mediático al que sometieron al joven y achacan la culpabilidad a "un error" (de los médicos, por supuesto, no de la prensa). Por lo menos ahora le llaman "presunto" culpable, aunque lo cierto es que ya ni siquiera es "presunto" nada, ya que desde el mismo auto inicial del proceso el juez afirma que "no existe indicio alguno que permita afirmar, y ni siquiera sospechar, que la menor fallecida hubiese sufrido agresión sexual alguna". Desde luego, mucho menos que el susodicho "presunto agresor" tenga algo que ver.

Esta es la crisis del periodismo, que no hace más que reflejar la crisis cotidiana del sistema. La actualidad mediática es tan efímera que mañana el tema se habrá olvidado. Apuesto que en unos años todavía habrá quien señale a Diego P.V. por "supuestamente" asesinar y violar a esa niña que murió tras caerse un columpio.

Esperpento de Justicia

Pese a lo gráfico de la alegoría, la justicia no debe ser ciega sino ecuánime. Tal vez ciega en el sentido de abstraerse de los prejuicios y sentimientos irracionales y así poder abordar los hechos con objetividad y frialdad. Pero sobre todo ecuánime -que no tan ciega- para no obviar el caracter humanitario, reparador y sensible de su cometido. Una lectura crítica de la actualidad judicial hace añicos toda esta parafernalia retórica que define la buena justicia.
Dos casos han saltado a los medios esta semana. Por un lado, un caso comienza a instruirse: tres terroristas de ETA, detenidos recientemente en el País Vasco, van a ser juzgados por "integración en organización terrorista" y "tenencia de explosivos". Por otro lado, 15 terroristas de "Hammerskin" (una organización nazi) están siendo acusados de "asociación ilícita".
Las intenciones de los etarras estaban claras: querían matar policías mediante bombas. La voluntad de los neonazis no era mucho más benefactora: todas las pruebas señalan que se iban a dedicar a practicar agresiones racistas. Ambos colectivos son grupos violentos dedicados al crimen organizado, ambos combaten el Estado de Derecho, atentan contra los valores democráticos y estaban preparados para delinquir en el momento que la Policía los detuvo.
Los parecidos son evidentes, pero el tratamiento que la justicia española les aplica es distinto. A los etarras los juzga la Audiencia Nacional, que se ocupa de los casos de terrorismo, mientras que a los neonazis los juzga la Audiencia Provincial de Madrid. El doble rasero comienza aquí, e incluso se refleja en los periódicos (el caso de ETA se cubre en las secciones de "España" y el de los neonazis solamente en las secciones regionales de Madrid).
Las decisiones que fiscales y jueces han tomado sobre los casos también difieren: Garzón todavía no ha dictado sentencia sobre los etarras, pero el más leve de los delitos es "integración en organización terrorista" y está penado con 15 años de prisión como poco (según los casos precedentes). Por su parte, el fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid pedía tres años de cárcel para los nazis por "tenencia ilícita de armas", pero ahora se retracta y cree que las navajas, hachas, puños americanos, bates de beisbol y pistolas de aire no se pueden considerar posesión de armas. De los 15 reconocidos neonazis, un total de 11 se van a ir a la calle de rositas sin cargo alguno, mientras que a los otros cuatro se les mantiene la acusación de "asociación ilícita" (no ya de "tenencia ilícita de armas") y se les pide solamente dos años de carcel.
Esta falta de contundencia a la hora de juzgar a los nazis es insultante, sobre todo si se comprueba con la eficacia que manifiesta el aparato judicial a la hora de castigar a ETA. Un pensamiento malévolo explicaría la divergencia de criterios que se han aplicado al considerar cada caso: prefiero no pensar en si los fines (que no los medios) de los actos de cada uno de los grupos terroristas han condicionado las decisiones judiciales. Si es así, habría que reflexionarlo, ya que el fin manifiesto de ETA es un Estado vasco, socialista e independiente, mientras que el fin de los "Hammerskin" es la implantación de un "Cuarto Reich" en España, supongo que para continuar la deletérea labor del "Tercer Reich" alemán.
Por todo lo dicho, la Justicia española no parece ecuánime, sino ciega. Una semana más, la mujer con los ojos tapados se aparta un poco la venda y se mira en los espejos valleinclanescos del Callejón del Gato. Así nos devuelve la perspectiva deformada de este esperpento de Justicia.

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Actualización (11/09/2009): Por fin un poco de cordura y coherencia en esta Justicia.